La empresa eléctrica debe indemnizar los Daños y Perjuicios

Corte de Energía Eléctrica. Confirma la resolución que ordena a una empresa concesionaria de energía eléctrica de la Pcia. de Mendoza abonar a los titulares de un local nocturno, los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un corte de energía seguido de una baja y suba de tensión, debido a desperfectos propios de la empresa concesionaria, conforme surge de la pericial realizada. Asimismo, rechaza la procedencia del rubro pérdida de la chance por considerar que los desperfectos eléctricos no tienen relación causal con el cierre del local, ya que los equipos dañados fueron entregados para su reparación a cargo de la concesionaria y no se demostró la pérdida de clientela.

Fallo Completo
En Mendoza, a quince días del mes de agosto del año dos mil trece, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 107.543, caratulada: “COLICCHIO AMELIA ANANA EN J° 110.360/25.477 COLICCHIO AMELIA ANNA C/ E.D.E.M.S.A. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS C(CON EXC. CONT. ALQ.) S/ INC. CAS.”
Conforme lo decretado a fs. 116 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; segundo: DR. JORGE H. NANCLARES; tercero: DR. OMAR PALERMO.
ANTECEDENTES:
A fs. 45/66 vta. la cesionaria de la actora Sra. AMELIA ANNA COLICCHIO interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad y Casación contra la sentencia de fs. 488/499 dictada por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil de San Rafael – Segunda Circunscripción Judicial- en los autos principales N° 110.360/25.477, “COLICCHIO AMELIA A. C/ EMP. DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MZA. P/ D. Y P.”.
A fs. 79 se admite formalmente el recurso de inconstitucionalidad y casación y se ordena correr traslado a la contraria.
A fs. 92/106 contesta EDEMSA por las razones que expone solicita el rechazo de los recursos con costas.
A fs. 110/111 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador quien aconseja el rechazo de los recursos.
A fs. 115 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fs. 116 se deja constancia del orden de estudio de la causa.
De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos?.
SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde?
TERCERA CUESTION: Costas.
A LA PRIMERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:
I. LOS HECHOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO.
1. Los Sres. CESAR AUGUSTO BELLIZZI y ALBERTO BELLIZZI (quienes posteriormente cedieron sus derechos y acciones a la Sra. AMELIA ANNA COLICCHIO) inician demanda sumaria contra la concesionaria EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SA por el cobro de la suma de $ 120.0000 con más intereses. Relataron que eran titulares de un local nocturno (megadisco IL CASTELO) en calidad de inquilinos. Que el 24/11/02 en horas nocturnas 5.45 hs. hubo un corte de energía seguido de una baja y suba de tensión atribuible a la empresa concesionaria (EDEMSA) lo que provocó perjuicios económicos y suspensión de la actividad nocturna con el posterior cierre del local bailable. Que el 25/11/12 se efectuó un reclamo a EDEMSA, transcurrieron 25 días sin noticias de la reparación de los equipos dañados y se
formalizó un reclamo ante el EPRE, denunciando nuevamente los daños. En enero del 2003 EDEMSA remitió CD negando los daños; luego los técnicos de DIGER (subcontratista de EDEMSA) constataron los daños sobre los equipos electrónicos y el EPRE condenó a EDEMSA a resarcir los daños por ser la única responsable de la interrupción del servicio. Que reconocidos los daños los equipos dañados fueron retirados para ser reparados a costa de la empresa eléctrica; que transcurridos 10 días sin noticias se remitió CD para la devolución de los artefactos con más los daños. El 28/4/03 la demandada entregó los equipos los que no fueron reparados en su totalidad, por lo que se solicitó la intervención del Escribano Egea. Recalcan que la mala prestación del servicio fue la causa directa del daño sufrido; que el local funciona los viernes, sábados y en ocasión los domingos; que estuvo 155 días sin trabajar, causando daños irreparables hasta el cierre definitivo. Reclama $ 3.000 por la imposibilidad de utilizar los equipos, pérdida de su valor y paralización durante 153 días; lucro cesante $ 62.000 por 62 días de trabajos impedidos de ganancias a $ 1.000 diarios; pérdida de chance $ 25.000, la música y las luces son fundamentales para el éxito del local conllevando a la paralización del negocio; daño moral $ 30.000 por el padecimiento.
2. La demandada, negó los hechos y solicitó el rechazo de la demanda con costas.
3. A fs. 403/414 y aclaratoria de fs. 434 la Sra. Juez del Cuarto Juzgado Civil de San Rafael hizo lugar parcialmente a la demanda por la suma de $ 10.500 a la fecha de la sentencia (1/8/11) con más intereses; la desestimó por $ 28.000 por rechazo de los rubros daño emergente y pérdida de chance y, $ 52.000 por desestimar parcialmente el lucro cesante; impuso las costas a las partes en función de sus vencimientos. La sentenciante tuvo por probado conforme pericia que el corte de energía (24/11/02 – 5.45 hs.) seguido de suba y baja de tensión se debió a desperfectos propios de la empresa concesionaria eléctrica. Respecto del daño emergente destacó que no existe una pericia, que no se probó que los equipos reparados hubieran perdido el valor de reventa por lo que se desestima. Respecto del lucro cesante, se probó que los primigenios actores explotaban el local bailable los sábados; que el oficio de SADAIC de fs. 281 informó que el negocio estuvo abierto y hubo entre 3 y 5 sábados que no abrió, que en promedio ingresaban entre 450 y 650 personas; que la pericia concluyó que tuvo consumos elevados durante el período para tareas de mantenimiento; que se carece de otra prueba (libros de contabilidad) por lo que habiendo cerrado sólo algunos días y habiéndose mantenido del consumo de energía hasta mayo del 2.003, la experiencia indica que hubo alguna actividad por lo que se fija $ 10.000 a la fecha de la sentencia. Pérdida de chance se rechaza por no tener relación causal los desperfectos eléctricos con el cierre del local, los equipos se entregaron y no puede estirarse el curso de la relación causal al cierre, no se demostró la pérdida de clientela. El daño moral se admite por $ 500 porque la actora debe haberse sentido afectada íntimamente. Las multas solicitadas se rechazan por considerar inaplicable la Ley 6497 en sede judicial y, la Ley 6856 art. 5 tampoco por no darse los requisitos, el EPRE hizo reparar a su costa los equipos dañados antes de entablarse la demanda.
4. La sentencia fue apelada por la actora a fs. 442/447, que exclusivamente cuestionó por exiguo el monto asignado en concepto de “lucro cesante” y “daño moral”; los profesionales de la demandada apelaron por sus honorarios e imposición de costas.
5. A fs. 488/499 la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil de San Rafael admitió parcialmente el recurso y aumentó los montos condenados, el lucro cesante a $ 17.000 y el daño moral a $ 3.000. El tribunal razonó del siguiente modo:
- El monto del lucro cesante:
- Los testigos (Paula Daniela Ontivero, Sergio Daniel Pérez fs. 222 y vta. y Noelia Vanesa Contreras fs. 214 y vta.) coinciden en que después del evento dañoso el local estuvo un tiempo sin abrir, entre 2 meses y 5 fines de semana, y en ese lapso los empleados fueron buscando otros trabajos.
- Lo expuesto coincide con el informe de SADAIC (fs. 281 entre 3 y 5 sábados el local no abrió), el informe de AADICAPIF (fs. 370, “el usuario fue dado de baja debido a que a principios del 2003 el local ya se encontraba cerrado”).
- Los artefactos dañados fueron retirados por la demandada el 1/4/03 y devueltos reparados el 28/4/03.
- Lo indicado pareciera contradecirse con el perito que indicó que el consumo registrado resulta bastante proporcionado en los periodos luego del siniestro con una disminución del orden del 26 %, que “los consumos son más que elevados para tareas de mantenimiento”.
- La presunción del perito que los consumos se corresponden a la actividad comercial, no deja de ser una presunción, desconoce a qué actividad concreta se refiere. Las testimoniales y los informes son coherentes y no se contraponen ya que puede haber habido en el local altos consumos que no se corresponden necesariamente con la actividad comercial.
- En cuanto a los días de apertura del local la actora alega que funcionaba los viernes, sábados y domingos; las pruebas rendidas indican que la discoteca funcionaba sólo los sábados (testigo fs. 222 vta., informe SADAIC fs. 281); la actora reclamó 62 noches de trabajo perdidas (del 25/11/02 al 28/4/03); los días se reducen a 21 en la postura más favorable.
- En cuanto a la concurrencia de personas al local, los testigos mencionan aproximadamente entre 800 y 1.000, pero ello se refiere a una noche y, el informe de SADAIC cuenta que “ingresaban entre 450 y 600 personas promedio”, cifra que considero acorde.
- La actora indicó un beneficio neto por noche de $ 1.000. No existe ningún elemento de prueba que permita confirmar esa ganancia. El daño está acreditado pero no existen constancias probatorias que establezcan medidas económicas por lo que debe acudirse a la fijación prudencial; considero que corresponde aumentar el monto reclamado a $ 17.000 a la fecha de la sentencia.
- El monto del daño moral:
- En materia contractual el daño moral necesita acreditarse más exhaustivamente para su admisión, deben distinguirse los incumplimientos, que en principio sólo pueden generar las molestias propias de cualquier desatención, del daño causado por los errores cometidos por uno de los contratantes susceptibles de causar verdaderos padecimientos morales.
- En el caso se cuestiona el monto del daño moral no su existencia; está acreditado que los artefactos fueron dañados el 25/11/02 y reparados y puestos a disposición de la actora el 28/4/03; que el local bailable estuvo cerrado durante ese lapso o al menos una parte importante del mismo. La rotura de los equipos y el consecuente cese temporario de la actividad comercial debió necesariamente provocar en los actores angustia e incertidumbre por el futuro económico; se agrega los conflictos laborales, se debió acordar la desvinculación. Todo ello ocasiona una modificación disvaliosa del espíritu. Se destaca que la actora no cumplió con la carga de acreditar el daño, lo fijado es exiguo, corresponde aumentarlo aunque no en la medida solicitada por la orfandad probatoria; considero prudente fijarlo en $ 3.000.
- El art. 5 de la Ley 6856.
- Se agravia la apelante que la a quo no aplicó el art. 5 de la Ley 6856; no obstante la petición no fue formulada por la actora al interponer su pretensión por lo que no puede pretender en esta instancia incorporar cuestiones que no integraron el thema decidendum de la instancia inferior; la alzada no admite la interposición de nuevas pretensiones y oposiciones.
- Respecto de los honorarios de los abogados de la demandada: no se imponen costas por la parte que no prospera el daño moral por tratarse de un rubro de exclusiva apreciación judicial no rechazado cualitativamente y del que no se advierte irrazonabilidad; los honorarios se adecuan a los nuevos montos.
Contra esta sentencia la actora interpuso los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación
II. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Alega el recurrente:
- Se acreditó la existencia del daño, quedó librado al arbitrio judicial su cuantificación.
- Las consecuencias inmediatas son la paralización de la actividad comercial durante el tiempo que los equipos estuvieron sin ser reparados y, las mediatas el cierre del local bailable producto de la inactividad por más de 4 meses; se desatendieron las consecuencias mediatas.
- No se valoró el informe de SADAIC de fs. 281, las declaraciones testimoniales de fs. 214, 222 y 225; bien puede inferirse que pudo haber 1.000 personas.
- Tres testigos afirman que esa noche había 800 a 1.000 personas y no es tomado como certeza; sabido es que ninguna entrada costaba $ 1; se probó la actividad de un boliche bailable con una concurrencia habitual superior al 38 % de lo pedido.
- Los equipos estuvieron en reparación 24 noches en las que se incorporaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
- No se valoraron las consecuencias mediatas: el cierre del local.
- No se valoró que se realizaban otras actividades como casamientos o cumpleaños; la fijación del daño es insuficiente.
- El local bailable se dio de baja, testimoniales de fs, 214, 222 y 225; informe AADAFI fs. 370; pagos SADAIC fs. 10/20; pago de publicidad fs. 23/25; servicios extraordinarios de custodia fs. 21/22 y fs. 9; Resolución EPRE fs. 277/6 y disminución de consumo eléctrico fs. 333/334. Se infiere que luego de 4 meses de paralización la actividad cesó.
- El daño moral, es una verdadera lesión espiritual al verse extinguida la fuente de ingresos, debido a la volatilidad del mercado de diversión nocturna; la negligente prestación del servicio provocó la destrucción de los equipos y el cierre de la actividad; provocó impotencia; los equipos recién fueron restituidos el 28/4/13; imposibilidad de laborar por 4 meses; se conminó a EDEMSA y se inició denuncia penal; la inexistencia de otra explotación comercial; la fuga de los empleados; la lesión espiritual frente a la gravedad de las consecuencias; es exiguo el monto de $ 3.000.
- Se agravia de las costas calculadas en relación a los montos en lo que prospera la demanda y lo que se rechaza.
III. RECURSO DE CASACIÓN.
- Inaplicación del art. 5 de la Ley 6856, cuando la demandada negó la existencia del desperfecto eléctrico y los daños, absolución de fs. 299.
- En la demanda se invocó la Ley 6856 y en los alegatos a fs. 379/381 se solicitó la aplicación de los intereses punitivos; la cuestión fue introducida en el thema decidendum.
- La ley debe aplicarse por la conducta procesal asumida por la empresa demandada; la ley manda aplicar hasta un 50 % del monto condenado.
IV. SOLUCION DEL CASO:
Recurso de Inconstitucionalidad:
A) Como es sabido la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que y por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario.
En este sentido adoctrina el Tribunal, siguiendo el pensamiento de la CSJN (L.L.145 398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. El principio reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; es decir, si la sentencia es suficientemente fundada, cualquiera sea su acierto o error, no es susceptible de la tacha de arbitrariedad.
En esta línea de pensamiento, se ha dicho que y a diferencia de lo que ocurre con el recurso de apelación ordinario, cuando se denuncia arbitrariedad a través del recurso extraordinario, se requiere se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación y que la presencia de cierta ambigüedad en la exposición de las conclusiones o fallas técnicas en la redacción de la sentencia, no configura en principio, falencias de entidad tal que impliquen invalidar o descalificar el fallo como acto jurisdiccional.
En seguimiento de estos conceptos, se sigue que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad por arbitrariedad, no puede prosperar si la sentencia atacada, no obstante algún elemento erróneo, se sostiene en otros razonables que no han sido impugnados por el recurrente. En otros términos, la procedencia formal del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, exige atacar todos y cada uno de los argumentos decisivos en los que se funda la sentencia recurrida, pues el hecho de que exista algún razonamiento jurídicamente equivocado no lleva a que la sentencia deba ser anulada si está fundada en otros razonables que se mantienen incólumes por no existir agravios o queja contra ellos (L.A 90-472; 120-363; L.S 240-215; 270-277).
B) Conforme el criterio arriba expuesto corresponde determinar si es arbitraria la sentencia que condenó a la demandada al pago de la suma de $ 17.000 en concepto de “lucro cesante” y $ 3.000 por “daño moral” calculado al 1/8/11 con más intereses, a raíz de la perturbación padecida en el local bailable el 24/11/02 – 5.45 hs. aproximadamente, por el corte de energía eléctrica seguido de una suba y baja de tensión que deterioró los equipos y provocó la suspensión de la actividad; montos que la recurrente pretende sean elevados en esta Sede.
Asimismo resulta conveniente aclarar que la demanda también incluyó otros rubros: “daño emergente” y “pérdida de chance”, cuyo rechazo por la Juez a quo ha quedado consentido por no haber formado parte de los agravios de la actora, que circunscribió su queja a peticionar el aumento de los rubros admitidos (lucro cesante y daño moral, fs. 442/447), reclamo que renueva en esta sede.
Por otra parte la demandada no ha cuestionado la procedencia de los ítems, de modo pues que la cuestión litigiosa en este estadio se acota exclusivamente a la extensión y cuantificación del monto fijado en concepto de indemnización por los rubros admitidos.
C) Adelanto que en coincidencia con el dictamen del Sr. Procurador y conforme surge de la prueba rendida en la causa que propiciaré el rechazo del recurso por entender que la sentencia impugnada no adolece de los vicios atribuidos. Ello así en virtud que los razonamientos del pronunciante no se muestran como apartados de las constancias objetivas de la causa, no contrarían las reglas de la lógica, ni se apoyan en consideraciones dogmáticas o carentes de razonabilidad como lo exige la excepcionalidad del remedio intentado.
En efecto, el recurrente, sólo manifiesta su discrepancia valorativa respecto a los fundamentos esenciales de la resolución recurrida, sin que ello pueda considerarse una crítica adecuada que amerite la nulidad de la sentencia en trato.
El apelante en su intento por aumentar la indemnización concedida por lucro cesante alega que no se valoró el informe de SADAIC, las declaraciones testimoniales que denotarían mayor concurrencia al local (1.000 personas).
Sin embargo, ninguna de las alegaciones son veraces ni demuestran el pretendido aumento de la ganancia supuestamente frustrada. En efecto, sin arbitrariedad y con apoyo en las pruebas de la causa, el tribunal razonó que el número de entradas que los testigos dijeron haber cortado la noche del suceso (entre 800 y 1.000), se refieren a una noche, por lo que acordó preeminencia al informe de SADAIC de fs. 281 que da cuenta del ingreso de 450 a 650 personas promedio, cifra más acorde a la variabilidad del rubro. El argumento a más de objetivo y certero carece de réplica.
El resto de las pruebas que el recurrente menciona (otras testimoniales, pagos de publicidad, custodia, fiestas de fin de año, etc.) resultan absolutamente insuficientes para revertir el resultado ante la evidencia del informe de SADAIC, que el local sólo abría los días sábados; cuestión que reduce como sin arbitrariedad infirió el tribunal y en la postura más favorable al recurrente, a 21 noches de pérdida laboral durante el período que permaneció sin los equipos (del 21/11/02 al 28/4/03).
A su vez, meritúo que aun cuando la pericia del ingeniero electromecánico consigna que durante el período en examen el local mantuvo consumos proporcionados y similares, cuestión que en su caso denotaría cierta continuidad en la explotación, lo concreto es que en autos la accionante, sobre quien recaía la carga de probar, no aportó una prueba cabal para respaldar sus dichos, como por ejemplo un registro contable que otorgue una idea más certera sobre la magnitud del movimiento económico, un registro bancario, control de entradas vendidas, registro de empleados, insumos, otros costos a más del alquiler del local, etc., y/o en su caso la prueba “pericial contable”, prueba específicamente idónea para este supuesto, cuyo técnico sin duda hubiese evaluado estos aspectos a los fines de facilitar la cuantificación el daño. En tales condiciones la queja debe ser rechazada.
Idéntica suerte corre el agravio sobre el monto fijado por daño moral pues ninguno de los aspectos que el recurrente menciona han sido omitidos por el tribunal para meritar la indemnización. El Tribunal al igual que en el rubro anterior debió acudir a la fijación prudencial, porque la actora incumplió la carga de acreditar el daño; el estado de angustia y modificación disvaliosa del espíritu existió, más se ignoran los otros elementos que coadyuvan en la tarea.
Más allá que pueda compartirse o no la cuantificación efectuada, no puede tacharse de arbitrario el pronunciamiento desde que se encuentra fundado en constancias objetivas de la causa, y se trata de asignación de montos en concepto de reparación de
daños y perjuicios, en uso de facultades discrecionales propias y excluyentes (CSJN 4/12/80, LL 1981-B-46; LL119-628; L.A 101-447).
Asimismo, es criterio del Tribunal que, los agravios vertidos respecto al monto de condena, en tanto no se muestre como arbitrario o absurdo, no corresponde sea modificado en esta instancia por cuanto involucra la potestad discrecional amplia y exclusiva de los jueces inferiores para la valoración de las circunstancias fácticas (LA 117-356; 169-212).
D) Por último, el agravio referido a las costas tampoco puede ser acogido pues, el tribunal confirmó la imposición de costas a cargo de la actora por los rubros que rechazó cualitativamente y por el rechazo parcial del rubro lucro cesante, dejando a salvo la no imposición de costas por la diferencia no admitida por daño moral. La solución carece de arbitrariedad.
A su vez, en fecha reciente este tribunal, sobre el aspecto debatido modificó el criterio y expuso: “La no imposición en costas en la alzada al actor en los procesos de daños y perjuicios, respeta al máximo el principio de reparación integral pero deja de lado el derecho que tiene el demandado de responder en la medida de su obligación y no por el exceso reclamado, sobre todo cuando ya ha existido una cuantificación del daño en la instancia de origen, y se ha establecido un monto en función de las pruebas aportadas” (Expte. n° 104.447 – “MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS -17/12/2012 – SENTENCIA – Sala: 1 -Dres. NANCLARES-PEREZ HUALDE). “En los procesos de daños y perjuicios si ambas partes pretenden en la instancia apelativa una suma distinta a la acordada, no se trata de una suma librada a la discrecionalidad judicial, como sucede en la instancia de origen, sino de la defensa de un monto concreto, por ello es de estricta justicia que cada una de las partes responda por la conducta asumida en la instancia de apelación” (Ídem).
E) Recurso de Casación.
La queja casatoria tampoco merece acogida favorable pues el quejoso insiste en la aplicación al caso del art. 5 de la Ley 6856 (BO 19/1/01) que contempla la imposición a la demandada de una sanción, un adicional de hasta un 50% en concepto de perjuicio adicional, cuando se haga lugar a la demanda y la demandada hubiese desconocido la mala calidad o interrupción del servicio.
Sin embargo, el recurrente no se hace cargo de ninguno de los argumentos expuestos por los jueces de grado para denegar esa pretensión, esto es, que la misma no formó parte de la demanda pues la invocación de la ley fue sólo para peticionar el proceso sumario, el beneficio de litigar sin gastos y la eximición de la vía administrativa (ver fs. 41); no existió ninguna referencia a la sanción condenatoria con la que el recurrente pretende incrementar el monto de condena.
Tiene dicho este Tribunal: “Dado el carácter revisor del recurso extraordinario, no pueden plantearse cuestiones de hecho o de derecho que no hayan sido sometidas a los jueces de grado, salvo que el vicio denunciado surja exclusivamente de la última sentencia que se recurre” (L.A. 84-83; 81-459; L.S. 185-247; 200-1; L.S. 286-326; L.S. 274-84; L.S.
278-498 ; L.S. 280-148). Criterio reiterado en L.A. 148-180; LS 302-404; LS 306-81. La deficiencia señalada impide la procedencia del agravio.
A mayor abundamiento, se verifica que en el caso los equipos dañados fueron reparados por la concesionaria, motivo decisivo por el que el juzgado de primera instancia denegó el reclamo por daño emergente, aunado a la falta de prueba acerca de la eventual desvalorización del equipo reparado; en tales condiciones no corresponde acceder a la pretensión.
Por los fundamentos expuestos, si mi voto resulta compartido por mis colegas de Sala, corresponde el rechazo de los recursos deducidos.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. PALERMO, adhiere al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:
Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. PALERMO, adhiere al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:
Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a cargo de la actora por resultar vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).
El cálculo de honorarios para cada recurso se efectúa en función del agravio propuesto en cada vía.
Así voto.
Sobre la misma cuestión el Dr. PALERMO, adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

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